lunes, 14 de enero de 2013

CLAUSURAN DEFINITIVAMENTE ESCANDALOSA "MI FACULTAD"



Haciendo prevalecer el principio de autoridad ante los malos empresarios que pretenden hacer negocio de manera informal la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) clausuró por tercera vez el bar “Mi Facultad”, ubicado en la avenida Larco 1065, en la urbanización La Merced.

“Estamos haciendo efectiva esta clausura porque el propietario ha reaperturado el local en dos oportunidades cuando la MPT y el SEGAT, respectivamente,  clausuraron el establecimiento hace algunas semanas y por esta falta le corresponde un clausura definitiva”, dijo el Gerente de Desarrollo Económico de la MPT, Eduardo Azabache Alvarado.

El propietario identificado como Denis Rojas Baca se hará acreedor a una multa ascendente a 34 mil 410 nuevos soles por destruir o no conservar afiches colocados por la subgerencia de ejecución coactiva producto de una clausura (180% de la U.I.T. o S/. 6600), además por incumplir un mandato que fue efectuado a través de la MPT (450% U.I.T. o S/. 16 650) y por reaperturar un establecimiento comercial que fue clausurado temporalmente antes de cumplir el plazo fijado (300% U.I.T. o S/. 11 100).

La primera clausura fue por exceder el horario de funcionamiento permitido por ordenanza municipal y la segunda vez fue por exceder el número de decibeles permitidos por el SEGAT.

El establecimiento contaba con licencia de funcionamiento pero con el giro de “restaurante”, vendía licor, generando grandes escándalos, siendo denunciado por los vecinos de la urbanización y constatado personalmente en reiteradas oportunidades por los fiscalizadores ediles.

PODER JUDICIAL
  
El gerente edil pidió al Poder Judicial trabajar en conjunto con la MPT para ponerle un alto a los empresarios irresponsables que muchas veces presentan acciones de amparo para burlarse de las normas legales y reabrir sus locales.

“El trabajo de la municipalidad tiene que ser muy agresivo y rápido y necesitamos contar con el apoyo del poder judicial, de nada sirve que las municipalidades en el marco de sus funciones puedan decretar una serie de acciones administrativas y que sean tiradas a tierra por parte de algunos jueces que desconocen cómo se desenvuelven estas acciones o simplemente no están apoyando el trabajo que favorezca a recuperar la formalidad de la ciudad, puntualizó Azabache Alvarado.




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