Una querella a la prensa regional -como siempre atacando al mensajero- por una investigación periodística, ha puesto al descubierto la presunta relación comercial entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Business Track, la cuestionada agencia de los "petroaudios" que desató un escándalo a nivel central por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir. Los colegas Jorge Cabanillas Luna, director del diario El Clarín y Freddy Chancafe Liza, de la revista Sin Rodeos, han sido demandados por publicar sendos informes revelando acciones de BT con la admnistración de Jesús Coronel Salirrosas, para interceptar e-mails y seguimiento de varias personalidades cajamarquinas.
Trás esta denuncia periodística, el "independiente" jefe regional, lejos de disponer una seria investigación interna, optó por lo más fácil: ordenar a su gerente, Germán Estela Castro, que demande a los periodistas ante la Sexta Fiscalía Penal por presunta "falsificación de documentos".
Trás esta denuncia periodística, el "independiente" jefe regional, lejos de disponer una seria investigación interna, optó por lo más fácil: ordenar a su gerente, Germán Estela Castro, que demande a los periodistas ante la Sexta Fiscalía Penal por presunta "falsificación de documentos".
Los periodistas, por supuesto, ya se presentaron ante el fiscal Roger Hurtado Sánchez, deslindando responsabilidades sobre las imputaciones calumniosas hechas en su contra y los gremios de la prensa -encabezados por la ANP- los respaldan.
De acuerdo a sus investigaciones, los periodistas difundieron fotografías de facturas e informes originales, sobre requerimientos de pago por el trabajo de “interceptación a teléfonos y correos electrónicos de dirigentes políticos, congresistas y opositores a la actual gestión regional”, que la Business Track, habría realizado en favor del Gobierno Regional de Cajamarca.
En los informes aparecen las iniciales G.E.C., las que corresponderían al gerente denunciante, quien aún no ha podido demostrar ante la autoridad fiscal que los documentos publicados sean falsos.
Chancafe y Cabanillas, en su declaración ante la Fiscalía dejaron constancia de su rechazo a la acusación calumniosa y solicitaron al titular de la acción penal, “investigue la denuncia sobre la presunta interceptación de las comunicaciones en Cajamarca, pues existen demasiados indicios para no hacerlo”.
El 25 de agosto del 2009, el Congresista Eduardo Espinoza Ramos denunció estos hechos, ante la Fiscalía de la Nación, el Presidente de Comisión de Fiscalía y Contraloría del Congreso de la República y ante el Contralor General de la República.
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