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Haciendo
prevalecer el principio de autoridad ante los malos empresarios que pretenden
hacer negocio de manera informal la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)
clausuró por tercera vez el bar “Mi Facultad”, ubicado en la avenida Larco
1065, en la urbanización La Merced.
“Estamos haciendo
efectiva esta clausura porque el propietario ha reaperturado el local en dos
oportunidades cuando la MPT y el SEGAT, respectivamente, clausuraron el establecimiento hace algunas
semanas y por esta falta le corresponde un clausura definitiva”, dijo el
Gerente de Desarrollo Económico de la MPT, Eduardo Azabache Alvarado.
El propietario
identificado como Denis Rojas Baca se hará acreedor a una multa ascendente a 34
mil 410 nuevos soles por destruir o no conservar afiches colocados por la
subgerencia de ejecución coactiva producto de una clausura (180% de la U.I.T. o
S/. 6600), además por incumplir un mandato que fue efectuado a través de la MPT
(450% U.I.T. o S/. 16 650) y por reaperturar un establecimiento comercial que
fue clausurado temporalmente antes de cumplir el plazo fijado (300% U.I.T. o
S/. 11 100).
La primera clausura
fue por exceder el horario de funcionamiento permitido por ordenanza municipal
y la segunda vez fue por exceder el número de decibeles permitidos por el
SEGAT.
El establecimiento contaba con licencia de funcionamiento pero con el giro
de “restaurante”, vendía licor, generando grandes escándalos, siendo denunciado por los vecinos de la urbanización y
constatado personalmente en reiteradas oportunidades por los fiscalizadores
ediles.
PODER JUDICIAL
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El gerente edil
pidió al Poder Judicial trabajar en conjunto con la MPT para ponerle un alto a
los empresarios irresponsables que muchas veces presentan acciones de amparo para burlarse de las normas legales y reabrir sus locales.
“El trabajo de la
municipalidad tiene que ser muy agresivo y rápido y necesitamos contar con el
apoyo del poder judicial, de nada sirve que las municipalidades en el marco de
sus funciones puedan decretar una serie de acciones administrativas y que sean
tiradas a tierra por parte de algunos jueces que desconocen cómo se desenvuelven
estas acciones o simplemente no están apoyando el trabajo que favorezca a recuperar
la formalidad de la ciudad, puntualizó Azabache Alvarado.
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